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Irene Montero ordena a militares y diplomáticos acatar su ‘Ley trans’

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Congreso español debatirá la Ley trans propuesta por la ministra de Igualdad con las feministas divididas, pues este miércoles un grupo protestó para pedir que se paralice el proyecto, alegando que “ser mujer no es un sentimiento”. Mientras tanto, Irene Montero se gasta 18148 euros en un estudio para determinar si las mujeres tienes más orgasmos con su pareja o masturbándose

Todo el personal que conforma el aparato estatal de España junto con los funcionarios de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y diplomáticos tendrán que capacitarse de forma «continuada» sobre «diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, diversidad familiar, igualdad y no discriminación de las personas LGTBI». Así lo establece la ‘Ley trans’ que promueve la ministra de Igualdad, Irene Montero, que este jueves se discutirá en el Congreso.

La iniciativa ordena expresamente a profesionales del sector de «la salud, la educación, la juventud, las personas mayores, las familias, los servicios sociales, el empleo, la justicia, el ocio, la cultura, el deporte, la comunicación, Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y diplomáticos» a absorber la ideología progre que impulsa la dirigente del partido izquierdista Podemos desde su cargo en el Ejecutivo.

La disposición implicará que a los 2.710.405 empleados públicos de España, de los cuales 1.616.211 (59,63 %) están el sector público de las Comunidades Autónomas, 579.680 (21,39 %) en el sector público de la administración local y 514.514 (18,98 %) en el sector público del Estado, les corresponderá someterse a esta formación, así como también a los 120.000 militares en servicio activo y a los casi 15.000 efectivos en reserva.

Feministas divididas

La discusión de la Ley para la igualdad de las personas trans y de garantías de derechos de las personas LGTBI conocida como la ‘Ley trans’ de Montero, divide, incluso a las feministas, por permitir «la libre determinación del género» sin requerir informes médicos ni tratamiento a partir de los 14 años y sin consentimiento de los padres ni limitación alguna a partir de los 16. Además, los menores de 12 años podrán cambiar de sexo en el registro, según este proyecto legislativo.

Con el lema «mi opresión no es tu identidad feminista», llegaron dirigentes y simpatizantes del Movimiento Feminista de Madrid y de la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) hasta el Congreso de los Diputados para demandar la paralización de la tramitación de la normativa, alegando que «ser mujer no es un sentimiento».

https://twitter.com/telediario_tve/status/1577741921816027139?s=20&t=XAe1OtzGUEOFqDv1qGcQMw

No son las únicas en contra. Según Ok Diario, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado también elevaron críticas al proyecto. El máximo órgano de los jueces determinó que el documento tiene disposiciones que contrarían el derecho fundamental a la igualdad, establecido en el artículo 14 de la Constitución, en la medida en que propician el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

Este cuestionamiento lo comparte el Consejo de Estado, instancia que se declaró en contra de la ‘Ley trans’ de Montero por facilitar el cambio de sexo en el registro sin contar con un informe judicial.

Entre enmiendas y orgasmos

El Partido Popular (PP) y Vox presentaron enmiendas a la ‘Ley trans’ de la ministra de Igualdad, Irene Montero, donde cuestionan la falta de criterio científico para concretar el cambio de género de una persona con el único requisito del deseo expreso de la misma. «El cambio de sexo registral que plantea el proyecto de ley no se basa en criterios certificables profesionalmente, sino que lo asienta en concepciones sesgadas y acientíficas que no deben ser asumidas, ni mucho menos blindadas legalmente».

Montero está optimista. Confía en que su normativa logrará el consenso en el parlamento. Mientras el resultado del pleno se conoce, la alta funcionaria gasta a través del Instituto de las Mujeres un total de 18148 euros en un contrato para conocer las preferencias de la sexualidad de las jóvenes en el contexto español para «comprender el modo en que practican, viven o se relacionan con el sexo y el placer sexual». La práctica más habitual entre las entrevistadas –1500 mujeres de entre 18 y 25 años– es «la penetración vaginal». El insólito objetivo de este estudio es conocer si las mujeres tienes más orgasmos con su pareja o masturbándose.

Fuente: Panampost

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